En las recientes medidas de rebaja fiscal en Andalucía en los impuestos cedidos, se indica en la memoria justificativa que se recaudarán 329 millones menos, pero que con el impacto en el crecimiento de la actividad económica, y por lo tanto, de mayor efecto recaudatorio, estará totalmente justificada la rebaja; es decir, lo que ya desde hace mucho tiempo, importantes economistas han demostrado con rotundidad, que determinada y precisa minoración de la carga fiscal genera mayor y mejor crecimiento económico, riqueza, y encima, mayor recaudación.
Las intenciones políticas, lamentablemente, tropiezan una vez más con la tozudez de la realidad de la ciencia económica. Ya toca que los políticos dejen de desafiar las leyes económicas y sigan las recomendaciones y estrategias de los expertos; de seguir así, algún día se cuestionará la ley de la gravedad. Nadie deja que a su hijo lo opere de apendicitis un político, sino un cirujano especialista; pues eso, dejemos a los especialistas, que conocen la materia económica y los efectos de la política fiscal como herramienta de política económica.
En la norma aprobada se señala que la rebaja en el Impuesto sobre trasmisiones, para el ejercicio 2021, será de 254 millones, pero que se crecerá en el sector inmobiliario en un importe superior a dicha cifra, y así lo relaciona con el dato de la rebaja realizada en 2019, que generó más de 600 millones de recaudación y más de 116 mil nuevos contribuyentes. ¡Enhorabuena por la lección aprendida!
Y ahora debemos afrontar el Impuesto sobre el patrimonio, que no existe en casi toda Europa, derogado en Austria (1993), Alemania (1995), Dinamarca (1997), Luxemburgo (2006), Suecia (2007), y que permanece en Suiza (varía según el cantón; en Zúrich el máximo es el 0,30%) y en Noruega (tipo del 0,85%). Recordemos que en Andalucía el tipo máximo es el 2,5%, al haber negado recientemente la subida al 3,5% como se aprobó para el 2021 por el gobierno nacional.
¿Cómo nos va con este impuesto en Andalucía? Pues los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y AAPP, sitúa la recaudación por este impuesto en 80 millones (2016), 82 (2017) y 80 (2018); es decir, la recaudación por habitante es de 10 euros. Y por esa exigua recaudación tenemos una realidad innegable en la que contribuyentes andaluces se desplazan a otras comunidades (Madrid) o países cercanos (Portugal) en los que su patrimonio no tributa; en la que empresas deciden su implantación en otros lugares porque sus directivos necesitan tener un tratamiento fiscal que les beneficie; y que extranjeros fijen su residencia, con todo lo que supone de generación de empleo, consumo e inversión, en otras zonas.
Se descarta Andalucía que con tantas bondades culturales, climatológicas, sociales y de comunicación, necesita un broche final para acoger a empresas, directivos y extranjeros con una alta capacidad generadora de crecimiento económico. Presidente, no dispongo de esos 80 millones, pero si los tuviera, se lo entregaría a cambio de la exención de este impuesto, estando seguro de que lo recuperaría, y se podrá comprobar que la economía que se ha generado supone una recuperación de ese importe con creces; piénselo, imagínese a los semanales europeos presumiendo de todas las bondades de nuestra tierra, también de las fiscales.