Más de 200.000 personas en la provincia de Málaga caen por debajo del umbral de la pobreza tras afrontar el pago de la vivienda y los suministros básicos. Así lo recoge el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado en Málaga en un encuentro organizado por Cáritas Diocesana.
El estudio sitúa el acceso a la vivienda, el empleo precario y el deterioro de la salud como los principales factores que están intensificando la vulnerabilidad social en la provincia.

Vivienda y empleo, claves de la exclusión social
El informe advierte de la presión creciente del mercado residencial en Málaga. El precio del alquiler ha aumentado cerca de un 30%, por encima de la media andaluza, que se sitúa en torno al 25%. Esta subida empuja a miles de hogares a una situación económica límite.
A esta realidad se suma la precariedad laboral. Según el estudio, alrededor de 180.000 personas en la provincia viven situaciones de inestabilidad laboral grave, con empleos intermitentes o condiciones precarias.
El documento también destaca que el empleo ya no garantiza salir de la exclusión. De hecho, el 14% de los hogares malagueños cuyo principal sustentador tiene trabajo se encuentra igualmente en situación de exclusión social.

Impacto en la salud de los hogares
Las dificultades económicas están teniendo además un impacto directo en la salud de la población. El informe señala que unas 280.000 personas en Málaga han dejado de comprar medicamentos o de seguir tratamientos por motivos económicos. Este indicador refleja, según FOESSA, el deterioro de las condiciones de vida en los hogares más vulnerables y la creciente dificultad para cubrir necesidades básicas.

Andalucía mantiene brechas sociales
En el conjunto de Andalucía, el estudio apunta a una fragmentación social persistente. El 23% de la población vive en situación de exclusión social y un 10% en exclusión severa, cifras superiores a la media nacional.
Aunque la tasa de riesgo de pobreza ha mejorado ligeramente en los últimos años, pasando del 15,9% en 2021 al 12,8% en 2024, la comunidad sigue entre las regiones con indicadores sociales más débiles.
El informe señala además que casi la mitad de los hogares andaluces no puede afrontar gastos imprevistos, uno de cada cinco no logra mantener la vivienda a una temperatura adecuada y un 16% acumula retrasos en pagos básicos.

