La dificultad para poder comprar una vivienda en los tiempos que corren lleva comentándose mucho tiempo. O simplemente para alquilarla. Por ejemplo, los más jóvenes se las ven y se las desean para encontrar un piso en Málaga cuya mensualidad se pueda adaptar a su nómina.
Con el objetivo de arreglar esta situación, el Gobierno ha elaborado una nueva Ley de Vivienda que ya el pasado 26 de mayo entró en vigor. Promete resolver varias situaciones problemáticas, como la falta de viviendas públicas o la dificultad de los colectivos más vulnerables para acceder a una casa.
Sin embargo, y como se suele decir, parece que no es oro todo lo que reluce. «La ley que han hecho no aporta en su gran mayoría nada beneficioso a la actual situación del mercado», afirma Cayetano Rengel, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga (COAPI).
¿Por qué está dando tanto que hablar la nueva Ley de Vivienda?
El problema con la ley es que no va dirigida a personas vulnerables como dicen. La ley lo que da es mucha cancha a los okupas, lo que afecta a la propiedad privada. Pone en evidencia que cualquiera que entra a una vivienda puede no pagar. Afecta también a los profesionales, porque han decidido que nuestros servicios los tienen que pagar los propietarios en vez de los arrendatarios. Eso retrae a los propietarios a poner casas en el mercado para alquilar, porque es un gasto más.
Parece bastante problemática.
Dificulta absolutamente todo. Los propietarios retiran las viviendas del mercado. Por lo tanto, hay menos oferta y mucha demanda, y suben los precios. ¿Y además qué pasa? Ningún gobierno se ha preocupado por hacer las viviendas necesarias para que hubiera una oferta amplia, con lo que habría un precio más bajo y tendrían muchas más personas acceso a la vivienda.
¿Qué situación se respira en Málaga?
Málaga tiene un problema de acceso a la vivienda para los malagueños. La mayoría de las promotoras son multinacionales. Construyen con los precios que entienden que tienen que poner, y los pagan quienes los pueden pagar, porque ellos venden. Pero para el común de los mortales dificulta mucho el acceso. No solamente por el encarecimiento del precio, sino porque también se ha endurecido el acceso a las hipotecas. Si tienes que tener un 20% ahorrado, unas garantías, un sueldo x y etcétera, la gran mayoría de la población no puede acceder.
«Cuando el público no ha hecho nada y quiere que el privado lo resuelva, mal vamos»
¿Cómo piensa que se pueden paliar tantas subidas del precio?
La Administración tiene que poner viviendas en el mercado. Ten en cuenta que Málaga capital necesita 5.000 viviendas, y la Costa necesitará 14 o 15.000. Eso no lo hacen los privados. Lo que falta es un promotor local: el que hace viviendas para los ciudadanos de la ciudad, no para la especie de élite que se está formando. Por ejemplo, las torres de Martiricos o los pisos que están haciendo en el Paseo de Sancha. Los venden, pero a lo mejor a un millón y medio o dos millones de euros. Lo que se está haciendo tiene mercado, pero la mayoría de los ciudadanos de Málaga no tiene facilidad para acceder. Y esta ley no lo arregla. Ni facilita la promoción, ni el alquiler, ni ayuda a bajar los precios, ni facilita la seguridad…
¿La seguridad?
Porque apoya a los okupas. Es que un okupa entra en tu casa y tardas dos años y medio en echarlo. Aparte de que tienes que estar pagándole el agua, la luz y todos los servicios. La nueva ley genera una cantidad de inseguridades y de problemas jurídicos, que nosotros decimos ¿y esto para qué lo han hecho? Porque soluciones no da.
Sin embargo, han vendido la ley como que ayuda al colectivo vulnerable.
Exacto. ¿Y cómo los ayudan? Al vulnerable se le tiene que ayudar ofreciéndole una vivienda a la que tenga posibilidad de entrar, en alquiler o en venta. Pero, ¿quién pone una vivienda en alquiler a 300 o 400 euros como no sea pública? Quien tiene un piso y lo pone en el mercado lo que quiere es ganar lo máximo posible. La Administración es la que se tiene que ocupar de la población vulnerable y construir viviendas accesibles. Aquí no hay un mercado de alquiler como en Alemania o Francia. Lo que se llama la cultura del alquiler no ha existido nunca. Han puesto en alquiler los privados, que han comprado un pisito y lo tienen para pagar la hipoteca. Eso es el 98% de los alquileres que hay en el mercado. Pero no hay alguien que tenga 2.000 pisos en alquiler. Y ahora, el que tiene cuatro o cinco pisos ya lo consideran un gran tenedor, por lo que tiene más dificultades para alquilar sus viviendas.
¿Pero esta ley también promueve las viviendas públicas, no?
Sí, sí. Pero ya van con retraso. Porque para dar las llaves de una vivienda hay que localizar el solar, legalizarlo, hacer los proyectos, hacer la obra… Tarda como mínimo tres años. Eso en el mejor de los casos, porque cada suelo pertenece a un ayuntamiento, y cada ayuntamiento tiene una normativa. También ocurre que hay muy pocos constructores que quieran hacer esas obras, porque se limita su precio. Es decir, a un promotor a lo mejor le cuesta construir una vivienda 150.000 euros, pero no la puede vender a más de 120.000. Pues no la hace.
«Es una ley al margen de los profesionales inmobiliarios»
¿Y esas restricciones también se aplican al sector privado?
Quieren ponerle techo a los alquileres en función de las zonas que estén más tensionadas. Pero a un señor que tiene un piso tampoco le puedes decir cómo lo tiene que alquilar. Todo va contra la propiedad privada, y eso repercute luego en las personas vulnerables, porque el privado retira sus viviendas o alquila como él cree que debe alquilar. Y eso no lo puede pagar ese tipo de personas.
¿No hay viviendas públicas en Málaga?
Hay anunciadas, pero hay que levantarlas. Ahora mismo la oferta es la que es. Y mientras se construyen, en un periodo de 0 a 8 años, ¿qué hace esta gente? ¿Cuál es la solución? ¿Oprimir al privado para que quite sus viviendas? Y no se puede, como pretenden algunos partidos, expropiar estos pisos. Si nos cargamos la propiedad privada nos hemos cargado el estado de derecho y la democracia.
«La ley está hecha para que los alquileres no suban más de un 3%. Eso es un problema, porque le estás poniendo pegas al mercado»
¿Cómo os afecta a los profesionales la nueva ley?
El que pide los servicios de un agente de la propiedad inmobiliaria ya nos los paga; ahora es el propietario de la vivienda. Y claro, el propietario dice ¿yo tengo que pagar a una persona que no he contratado? Eso es nuevo, y nos dificulta a los profesionales, porque nos limita el trabajo. Si no nos pagan, es una profesión que va disminuyendo.
No va a tener mucho recorrido esta ley… Las comunidades que no sean del mismo partido no la van a aplicar. No se puede hacer una ley estatal cuando las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades; la ley entra en colisión con muchas normativas.
Parece ser que los precios de la vivienda están tan altos también porque Málaga se está revalorizando mucho.
Mucho. Dicen que es la tercera capital, pero ahora mismo es la segunda capital de España en muchos aspectos. Han descubierto que a Málaga, por su situación geográfica, su climatología, su gente, su gastronomía…, pueden venir empresas multinacionales a instalar su sede. Es que tenemos a Google ya mismo inaugurándose en el paseo marítimo. Todo eso ha subido el nivel. Me acuerdo cuando decíamos ¿por seis millones un ático en Huelin? Eso no puede ser, no se va a vender. Pues todos vendidos. Es que Málaga es mucha Málaga, en todos los aspectos. Tenemos los cruceros, el aeropuerto, los AVE, que llegan de dos en dos… La seguridad y la tranquilidad que hay… Es una ciudad con una calidad de vida tremenda.
¿Todas estas cualidades también dificultan a la hora de conseguir una casa?
En Málaga se exige mucho para alquilar. Todos los propietarios están un poco ‘escamados’. Quieren alquilar, pero con garantías. Y si es para compra, el banco te pone unas condiciones durísimas. Sin embargo, el mercado sigue, esto no para. El sector inmobiliario está en auge, está vendiendo más que otros años. Pero se está vendiendo lo que se está vendiendo.