Ya lo sabrán: el ejecutivo plantea cambiar el sistema de cotización de los autónomos y pasar del actual “contributivo” y “voluntario” a uno meramente impositivo.
Hasta la fecha, el trabajador autónomo tiene derecho a escoger su base de cotización y, con ello, asume -y padece- la cuantía de eventuales prestaciones (cese de actividad, incapacidad, jubilación…). Dicho en corto: el autónomo elige por cuánto cotiza.
Pues bien, esto se acabó y lo que se plantea constituye una revolución sin precedentes en nuestro país: imponer la cuota mensual sobre la base de los “ingresos reales”.
En efecto, el ejecutivo pretende aplicar una cotización mínima de 200 € / mes (o 2.400 € / año) para los trabajadores del denominado primer tramo, donde estarán aquellos que generen un mínimo de 3.000 € anuales, y una serie de cuotas incrementadas según crezcan los ingresos del autónomo, hasta llegar así a los 400 € / mes para aquellos que generen 48.441 € anuales. Por seguir con la casuística, un autónomo que facture 13.000 € anuales, pagará 3.120 € / año por sus cotizaciones.
Esta medida, aplicable transitoriamente entre 2023 y 2031 no ha tardado en despertar enérgicas críticas, y no es extraño. En estos tiempos tan arduos para los autónomos, no se digiere otra imposición, y mucho menos por una cuantía que, como se ha expuesto en el párrafo anterior, puede superar el 10 % de los ingresos generados en todo el año para aquellos que se hallen en el primer -y más vulnerable- tramo, lo que además de resultar desproporcionado, castiga al débil, pone en entredicho el principio de progresividad y, en cierto modo, fomenta la economía sumergida.
Con esta reforma parece claro quién va a pagar los platos rotos de la COVID-19.
Alejandro Bugarín Romero
Abogado de IUS LABORAL