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La nueva PAC destinará el 60% a políticas verdes

Se premiarán las prácticas agrícolas respetuosas con el medioambiente y el bienestar animal

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La convergencia será progresiva hasta alcanzar el 85% en 2026

Un semáforo en verde, al menos. El del acuerdo en Bruselas sobre la nueva PAC. Después de tres años de negociaciones, y dos de retraso, a la nueva Política Agrícola Común de la Unión Europea se destinarán 387.000 millones de euros durante el periodo 2023-2027. Las principales novedades sobre el nuevo acuerdo se vierten en cuestiones de sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático. “No es perfecta, pero sí un buen compromiso”, recalca el jefe del equipo negociador del Parlamento Europeo, el alemán Norbert Lins.

A España, en particular, le corresponderán en torno a 45.000 millones de euros. De ellos, el Gobierno deberá dedicar hasta un 25% en ayudas directas para los llamados ‘ecoesquemas’, un instrumento destinado a incentivar prácticas agrícolas que tengan un impacto beneficioso para el clima y el medioambiente y que respeten el bienestar animal. Supone cinco puntos porcentuales más de lo propuesto por la mayoría de los estados miembros. En este sentido, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, considera que el porcentaje es “excesivo”.

La PAC debe ser ratificada esta semana

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores (UPA), por su parte, sí se ha mostrado “esperanzada” con este principio acuerdo. Estima que esta última medida debe servir para reforzar los modelos familiares frente a los superintensivos. Del mismo modo, la nueva PAC, que deberá ratificarse en el Consejo de la Unión Europea esta misma semana, establece una ayuda redistributiva mínima del 10% para favorecer a los pequeños agricultores y otro 3% destinado a agricultores jóvenes menores de 40 años. Además, al menos un 35% deberá destinarse a políticas contra el cambio climático.

En lo que se refiere a la convergencia, el proceso por el que unificar y disminuir las variables geográficas por las que repartir las ayudas, se realizará paulatinamente hasta alcanzar el 85% en 2026, en contra de lo que el ministro de Agricultura, Luis Planas, decretó en febrero de este mismo año. Este considera que la mejor fórmula es hacerlo antes de 2023. En cualquier caso, una vez aprobado esta partida europea, los gobiernos nacionales deberán redactar planes estratégicos que supervisará la Comisión Europea.

Por primera vez, la PAC incluirá condicionantes de carácter social. Los agricultores deberán respetar la legislación laboral para recibir las ayudas. Esto quiere decir que desde la Unión Europea se supervisarán las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y se establecerán sanciones llegados al caso. Con todo, la Junta de Andalucía manifiesta que “dará la talla” con todas las nuevas exigencias, sobre todo en materia medioambiental, de la nueva PAC en Andalucía.

La letra pequeña de la nueva PAC 

No obstante, tanto la administración autonómica como las distintas asociaciones, mantienen diversas reclamaciones. Sobre todo, las relacionadas con el precio justo y los nuevos exigentes requisitos medioambientales que, a juicio de la consejera Crespo, “limitar la competitividad en los mercados”. Y es que, como advierte el presidente COAG Andalucía, Miguel López, existen mercados en los que las exigencias sanitarias son más flexibles.

Por último, la principal reclamación de UPA está relacionada con el techo de ayudas por explotación, que finalmente será opcional para los países. En este sentido, su presidente, Lorenzo Ramos, estima que en España es “más que necesario”. Según ellos, esta medida protegería a los pequeños agricultores frente a los “grandes preceptores terratenientes” y abrir posibilidades a la explotación familiar.

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