El nuevo decreto de la PAC del ministro Luis Planas está encontrando más detractores que defensores. Si bien la Unión Europea exige una convergencia de las áreas agronómicas, España ha decidido acelerar ese proceso. Esta convergencia no es otra cosa que la reducción de las más de 50 áreas de España, en las que se establecen distintos parámetros de reparto, a menos de una decena. De esta forma, las ayudas convergerán en la media de cada zona ahora ampliada.
Bruselas plantea una reducción de las áreas agronómicas españolas en un 75% en los próximos seis años. Por su parte, el ejecutivo español ha decretado que en 2023 ya tenga efecto una convergencia del 80%. “Es necesario desde el punto de vista redistributivo, se trata de que todos se acerquen a la media retributiva de cada región”, argumenta Planas, quien consiguió aprobar el decreto el pasado 26 de enero.
Tras la reducción a menos de una decena de las áreas agronómicas, tendrá además mayor peso el volumen de hectáreas frente al de producción, que comenzó a desligarse de las ayudas base de la política comunitaria a principios del presente siglo. “Se habla de que los agricultores que estén en la misma región agronómica tienen que cobrar la misma retribución económica, pero no sobre las diferencias [orográficas y de cultivo] en las distintas áreas”, explica Miguel López, secretario regional de COAG en Andalucía.
Con los cambios, las explotaciones leñosas de los municipios de la comarca de Nororma convergerán a la baja
Es la diversidad de la agricultura y ganadería española, y en concreto malagueña, la que complica la aplicación de este modelo de equiparación y aparentemente justo. “En la comarca norte es más difícil labrar con esas pendientes tan pronunciadas, por eso tienen rentas más altas”, argumenta Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga. La asociación provincial de jóvenes agricultores tramita casi la mitad presupuestaria destinada a Málaga, unos 80 millones de euros anuales. Se estima que la cuantía nacional para el periodo 2021-2027 superará los 47.000 millones de euros.
El nuevo decreto del ejecutivo español pretende dar continuidad jurídica a la prestación comunitaria hasta que en 2023 entre en vigor la nueva estrategia europea de la PAC. Las elecciones en la Unión Europea, la negociación del Brexit y la irrupción del coronavirus han demorado su redacción. En cualquier caso, enmarcará las actuaciones del periodo 2021-2027. Supone la quinta reforma de las últimas dos décadas. Una situación de continuos cambios de los que se queja Antonio Luque. “Es imposible planificar a medio y largo plazo. A eso se une la complejidad burocrática”, afirma el presidente de DCOOP.
Con los nuevos cambios, las medianas y pequeñas explotaciones leñosas de los municipios de la comarca de Nororma convergerán a la baja. Esto conlleva una pérdida de cerca del 80% del importe de las ayudas. También le sucederá a un producto de interés patrimonial: “La uva pasa tenía una ayuda de 1.300 euros por hectárea que al estar dentro de la comarca de cultivo leñosos están por encima de la media de esa zona y van a perder de forma drástica importes de su ayuda básica”, aseguran desde ASAJA Málaga. “Es muy difícil que pudieran vivir sólo de esta actividad”, sentencian.
La intención de la Unión Europea, que el ejecutivo español pretende acelerar, es alcanzar la denominada tasa plana. Equiparar la retribución en el menor número de áreas agronómicas posibles. Es una fórmula que ya funciona con éxito en países de eurocéntricos. “Allí es relativamente sencillo porque son explotaciones muy parecidas y es muy fácil adaptarlo, pero eso en España es inviable por la diversidad”, analiza Lorenzo Ramos, secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “Va a suponer el trasvase entre agricultores y territorios de una manera drástica sin tener en cuenta variables como la creación de empleo o riqueza. Es un camino hacia la deslegitimación de las ayudas”, añade Luque, de DCOOP.
Por su parte, las dos Castillas y Extremadura, donde los accidentes geográficos, por ejemplo, son menores, aprueban esta estrategia de convergencia. Para ello, además, toman la lucha contra la despoblación como argumento más sólido. Una situación que también podría darse en las zonas que ahora quedarían mermadas. “Si las ayudas a la pluriactividad descendiesen derivaría en el abandono de su cultivo y esto también supone un problema medioambiental”, advierten desde UPA.
Para paliar estos desequilibrios derivados de la convergencia, desde UPA, que también considera que las áreas agronómicas actuales “son muchísimas”, se propone que las ayudas se establezcan de forma gradual en las primeras hectáreas. De esta manera, la renta base de la ayuda comunitaria menguaría a más cantidad de hectáreas. “No es justo porque así el que más tiene más va a cobrar y en términos agronómicos cuando más grande es tu explotación mejor vas a optimizar los gastos”, argumenta Miguel López, de COAG Andalucía.
En definitiva, la mayoría de las asociaciones agrícolas coinciden en que la nueva convergencia en España supondrá pérdida de empleo. “Es actuar contra el interés general, destrozar la economía familiar y profesional”, opina Miguel López, quien insiste en que esta nueva norma responde a intereses de los mercados financieros y los fondos de inversión. Tanto él como los representantes de UPA y ASAJA han instado al Gobierno la revisión del decreto o su dimisión.
Cada vez menos competitivos
La Política Agraria Común es un complemento de renta que facilita la Unión Europea en respuesta a las exigencias fiscales, socioeconómicas y a la bajada de los precios de los productos de agrícolas y ganaderos. “La PAC se genera porque nos tenemos que someter a una norma internacional del comercio gestionada por la OMC”, explica Lorenzo Ramos.
La llegada de productos de países extracomunitarios sin un control exigente está levantando ampollas entre los agricultores españoles. “Este año hemos tenido casi 300 alertas sanitarias de productos importados”, afirma Miguel López, quien denuncia la falta de controles fiscales, sociales e higiénicos en el lugar de origen de esta producción.
La convergencia de la PAC, que en algunas ocasiones supone hasta el 40% de la renta de un pequeño agricultor, se antoja como un empujón más hacia la asfixia del sector en España. Más cuando desde la primera década de este siglo, se desacoplaron las ayudas a la producción. Esto quiere decir que el derecho pasó a ser por explotación.
“Europa debe apostar por su soberanía alimentaria con preferencia para las producciones comunitarias y exigiendo las mismas reglas en los acuerdos comerciales, luchando contra los aranceles y también aplicando medidas de mercado cuando sean necesarias”, Antonio Luque, presidente de DCOOP.
“La nueva convergencia es pérdida de empleo, primero de titulares y luego de mano de obra. Es destrozar la economía familiar y profesional y por lo tanto el modelo social. Es actuar contra el interés general”, Miguel López, COAG Andalucía.
“En España, mucha gente está percibiendo ayudas de la PAC por el mero hecho de ser propietario. Desligar las ayudas a la producción ha beneficiado a la gente ajena al sector agrario. Esto generó una serie de desequilibrios y la PAC dejó de ser para quien debía ser”, Lorenzo Ramos, UPA.
La PAC, en continua adaptación
El inicio en 1962: Toma sus motivos de creación con la escasez alimentaria tras la II Guerra Mundial y se centra en su política de precios y mercados.
La revisión de los 80: Con la mejora de la producción, el gasto agrícola se dispara debido al crecimiento de los excedentes. La PAC se centra en medidas de intervención (almacenamiento y compras públicas) y ayudas a la exportación.
La reforma de 1992: Para detener la divergencia entre la oferta y la demanda, a raíz de una mayor producción, se establece la transición entre unas ayudas ligadas a la producción a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado.
La Agenda 2000: Nuevo ajuste compensatorio de los precios locales sobre los mundiales, introducción condiciones medioambientales como requisito y el establecimiento de marcos financieros de 6 años.
La reforma de 2003: Entró en vigor en el marco financiero 2007-2013 y trae la disociación de las ayudas con respecto a los volúmenes producidos y establecimiento de un pago único por explotación y límites financieros anuales.
La revisión de 2009: Flexibilización de intervención pública y control de la oferta y aumento del índice de modulación de las ayudas directas en favor al desarrollo rural.
La reforma de 2013: Los pagos únicos a las explotaciones se sustituyen por un sistema de pagos por niveles o estratos que incluyen siete componentes. Además, se confirma la supresión de todas las medidas de control de la oferta.