Durante los últimos años Málaga ha vivido una transformación económica difícil de encontrar en otros territorios del sur de Europa. La provincia atrae empresas tecnológicas, capital internacional y millones de visitantes cada año. La marca Málaga se ha consolidado como un territorio dinámico, abierto al talento y con capacidad para generar oportunidades.
Ese dinamismo se refleja también en la inversión pública. Solo en 2025 la provincia lideró la licitación de obra civil en Andalucía con más de 1.351 millones de euros, la cifra más elevada desde antes de la crisis financiera. Pero todo ciclo de crecimiento rápido plantea una pregunta inevitable: hasta dónde puede llegar.
Málaga funciona, pero empiezan a aparecer tensiones estructurales que obligan a pensar en el largo plazo. Vivienda cada vez más inaccesible, infraestructuras sometidas a mayor presión que pueden acabar, como hemos visto recientemente, con la mejor de las previsiones, incertidumbre hídrica, dificultades para encontrar trabajadores cualificados o limitaciones en la red eléctrica forman parte de una misma ecuación.
El presidente de los Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, suele resumir esta idea con una advertencia que se repite cada vez más en los foros empresariales. Málaga vive un momento extraordinario, pero el crecimiento necesita anticipación. “Tenemos una economía con enorme potencial, pero debemos adelantarnos a los problemas si queremos que ese crecimiento sea sostenible”.
Málaga está hiperconectada. Es una sociedad abierta y plural, con convivencia natural de muchas comunidades internacionales. Eso significa que Málaga está bien preparada para asumir retos, pero los tiene.
Vivienda
Si hay un asunto que aparece de forma recurrente en cualquier conversación empresarial en Málaga es la vivienda. Durante años fue un debate social, pero hoy se ha convertido en un problema económico de primer orden.
La provincia se sitúa entre los territorios con mayor presión inmobiliaria del país y en la capital el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos, superando los 4.200 euros por metro cuadrado. Municipios de la Costa del Sol como Marbella o Benahavís superan ampliamente esas cifras, reflejo de una demanda internacional muy intensa. El problema responde a una ecuación sencilla: la población aumenta, la economía se expande y la oferta residencial no avanza al mismo ritmo. Desde el sector promotor se insiste en que el déficit de vivienda acumulado explica buena parte de la tensión del mercado. Durante la última década el número de nuevos hogares ha crecido más rápido que la construcción de viviendas, generando un desequilibrio que empuja los precios al alza.
“Esta falta de oferta está generando una fuerte presión sobre los precios, dificultando el acceso a la vivienda, tanto para los residentes como para los nuevos trabajadores que llegan a la provincia”
JUAN MANUEL ROSILLO, Presidente de ACP
El presidente de los promotores malagueños, Juan Manuel Rosillo, explica que el problema tiene una raíz clara. “La población crece y la vivienda no se está construyendo al ritmo que se necesita”. El sector estima que la provincia debería prácticamente duplicar su producción anual de vivienda si quiere equilibrar el mercado y contener la presión sobre los precios.
La situación se complica además por el incremento de los costes de construcción. En los últimos años el coste de edificar vivienda ha aumentado más de un treinta por ciento, lo que encarece las promociones y dificulta el desarrollo de vivienda asequible.
El impacto va mucho más allá del sector inmobiliario. Empresas tecnológicas, sanitarias o turísticas empiezan a detectar dificultades para atraer profesionales que puedan asumir el coste de vivir en la provincia. Un informe social reciente advierte además de que más de 200.000 malagueños se encuentran en situación de vulnerabilidad residencial una vez afrontado el pago de la vivienda. Por eso el debate sobre la vivienda ha cambiado de naturaleza. Ya no se trata solo de acceso residencial. Se trata de competitividad económica.
Málaga debería duplicar su producción anual de vivienda, pasando de unas 4.000 unidades a cerca de 8.000 al año, si quiere equilibrar el mercado y contener los precios.
Infraestructuras
El segundo gran desafío está desgraciadamente de actualidad y tiene que ver con las infraestructuras. Málaga es hoy una provincia mucho más poblada, más turística y más empresarial que hace apenas una década, pero buena parte de su red de transporte sigue respondiendo a una realidad anterior.
Las carreteras del litoral soportan cada vez más tráfico, los accesos metropolitanos se saturan en determinadas franjas horarias y las conexiones (o inconexiones) ferroviarias se han convertido en un factor crítico para el funcionamiento de la economía.
Sin conexión directa de AVE hasta finales de abril, el sector turístico estima pérdidas de 1.300 millones y advierte de un daño reputacional que afecta especialmente a Málaga, principal destino andaluz.
Las incidencias recientes en la conexión ferroviaria con Madrid han puesto de manifiesto esa vulnerabilidad. Es inestimable el impacto económico de la ausencia de AVE, pero se cifra ya en centenas de millones, afectando especialmente al turismo, los congresos y la actividad comercial.
En paralelo, el aeropuerto de Málaga continúa batiendo récords de actividad. En el último ejercicio completo superó los 26,7 millones de pasajeros, consolidando su papel como una de las principales puertas de entrada del sur de Europa. Pero ese crecimiento también exige planificación para evitar que el aumento del tráfico se traduzca en congestión de accesos y saturación operativa.
El presidente de la patronal hotelera, José Luque, recuerda que el éxito turístico depende también de la calidad de las infraestructuras. “Málaga es un destino muy potente, pero necesitamos seguir invirtiendo en infraestructuras si queremos mantener esa posición”.
El debate sobre proyectos como el tren litoral vuelve periódicamente a la agenda pública porque responde a una realidad territorial evidente: el eje de la Costa del Sol concentra población, empleo y actividad turística, pero sigue dependiendo en gran medida de la carretera.
En una economía abierta al turismo internacional y a la inversión empresarial, la movilidad se convierte en un factor directo de competitividad.
“La desconexión ferroviaria, la presión energética y la escasez de personal cualificado ya están tensionando el sector y pueden frenar el crecimiento turístico de Málaga”
JOSÉ LUQUE, Presidente de AEHCOS
Agua
Mientras el turismo observa con inquietud las infraestructuras y las empresas tecnológicas miran a la vivienda o al talento, el campo malagueño vive pendiente de otro recurso fundamental: el agua.
La agricultura de la provincia se ha acostumbrado a convivir con la incertidumbre climática. Las sequías recurrentes de los últimos años han obligado a optimizar el uso del agua y a replantear inversiones, cultivos y planificación agrícola.
El presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, insiste en que la seguridad hídrica es una condición básica para el futuro del sector. “Sin agua suficiente es imposible mantener la actividad agrícola y garantizar la continuidad de muchas explotaciones”.
Pero el campo afronta también otro desafío creciente: la competencia internacional. Los acuerdos comerciales entre grandes bloques económicos pueden facilitar la entrada de productos agrícolas procedentes de países con menores exigencias sanitarias o medioambientales.
“En España se exige a los productores cumplir normas muy estrictas. En muchos países de Mercosur esas exigencias son mucho menores o no existen o no son capaces de controlarlas”
BALDOMERO BELLIDO, Presidente de ASAJA Málaga
El temor del sector es competir en desigualdad de condiciones justo cuando los costes de producción y la exposición climática ya son elevados. En ese contexto, el agua deja de ser únicamente un problema de abastecimiento. Se convierte en un factor que condiciona la rentabilidad y la continuidad del tejido productivo agrario.
Mercado laboral y talento
Málaga continúa generando empleo, alcanzando más de 750.000 afiliados en el último año, pero muchas empresas empiezan a detectar dificultades para cubrir determinados perfiles profesionales. La economía provincial demanda cada vez más trabajadores especializados en tecnología, ingeniería o servicios avanzados. Pero el problema no se limita a estos perfiles. Sectores como la hostelería o la construcción también encuentran dificultades para cubrir puestos.
El sector turístico, además, ha detectado un incremento del absentismo laboral que en algunos casos supera el 8,5 %, lo que complica la planificación de plantillas en momentos de alta actividad. Para el empresariado, el reto consiste en mejorar la conexión entre formación y empresa para que el sistema educativo responda mejor a las necesidades de la economía real.
Energía
Hay amenazas que se perciben con facilidad y otras que solo aparecen cuando un proyecto intenta ponerse en marcha. La red eléctrica pertenece a esta segunda categoría.
La electrificación de la economía está aumentando la demanda energética en toda Europa. Centros de datos, movilidad eléctrica, industria tecnológica o nuevos desarrollos urbanos requieren cada vez más capacidad. Sin embargo, la infraestructura de transporte eléctrico no siempre crece al mismo ritmo que la economía.
La patronal empresarial lleva tiempo alertando de la saturación de nodos eléctricos y de la dificultad para evacuar energía renovable o atender nueva demanda industrial. El problema no es la generación energética, sino la capacidad de la red para transportar esa energía hacia donde se necesita. Para los empresarios, esta cuestión empieza a convertirse en un factor estratégico.
Un territorio puede disponer de suelo, inversión y talento, pero si no tiene capacidad eléctrica suficiente, muchos proyectos terminan retrasándose o trasladándose a otros lugares.
En un contexto global marcado por la transición energética y por las tensiones geopolíticas que afectan al suministro energético internacional, la disponibilidad de energía se convierte en un elemento central de la competitividad económica.
El coste invisible de la burocracia
En la economía contemporánea el tiempo administrativo se ha convertido en un factor de competitividad tan importante como la fiscalidad o el coste laboral.
Un proyecto empresarial no solo se analiza por su rentabilidad, sino también por la rapidez con la que puede ponerse en marcha. Licencias urbanísticas, evaluaciones ambientales o trámites administrativos pueden prolongar durante meses -e incluso años- la ejecución de una inversión.
«Cuando los nuevos desarrollos urbanísticos o la tramitación de proyectos no se resuelven dentro de plazos claros y previsibles, se genera incertidumbre y muchas inversiones terminan orientándose hacia otros destinos», expone el presidente de ACP, Juan Manuel Rosillo.
El problema no es exclusivo de Málaga, pero en un territorio que compite activamente por atraer capital internacional, la agilidad administrativa se convierte en una ventaja estratégica. En la nueva economía global, las ciudades no solo compiten por atraer empresas. Compiten también por la rapidez con la que son capaces de ponerlas en marcha.
Gestionar el éxito
Málaga no se enfrenta a una crisis económica. La provincia vive uno de los momentos más dinámicos de su historia reciente.
Pero precisamente por eso el debate empresarial ha cambiado. Hace unos años la conversación giraba en torno a cómo atraer inversión. Hoy empieza a centrarse en cómo gestionar el crecimiento.
La vivienda, las infraestructuras, el agua, la energía o el talento no son problemas aislados. Son piezas de un mismo sistema económico que necesita planificación para seguir funcionando.
Si Málaga logra resolver estos cuellos de botella, consolidará su posición como uno de los territorios más competitivos del sur de Europa.
Si no lo hace, el crecimiento continuará… pero será más lento, más caro y más incierto.
Porque el verdadero desafío para la economía malagueña ya no es crecer. El desafío es saber gestionar ese crecimiento.
Fiscalidad
Cuando una empresa decide dónde invertir analiza muchos factores: talento disponible, conectividad internacional, calidad de vida o estabilidad institucional. Pero también observa con atención el coste total de operar. Ese coste incluye impuestos, tasas locales, costes regulatorios y cargas administrativas.
Málaga compite hoy con otras ciudades europeas que buscan atraer empresas tecnológicas, centros de innovación o proyectos industriales. En ese escenario, la fiscalidad y el entorno regulatorio forman parte del paquete de competitividad del territorio.
No se trata solo de reducir impuestos. Para muchos inversores la clave es la estabilidad normativa y la previsibilidad del marco económico. Cuando las reglas del juego cambian con frecuencia o resultan poco claras, la percepción de riesgo aumenta.
Por eso el debate sobre la competitividad territorial ya no se limita a infraestructuras o talento. Incluye también el diseño del entorno fiscal y regulatorio.
