La ausencia de suelo finalista y los «excesivos» plazos de gestión de planeamiento para nuevos desarrollos son las principales variables que hacen que se encarezca la materia prima básica para edificación.
Es una de las principales conclusiones de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) que se reunió a principios de semana a las empresas que conforman su Junta Directa de Promotores Inmobiliarios.
Estos, según las estimaciones de la entidad, están gestionando más del 80% del suelo residencial en la provincia e insisten en que la falta de suelo está repercutiendo «negativamente» en el precio de la vivienda y el acceso a la misma de jóvenes.
Implementación de préstamos de bajo interés
Por ello, plantean la “necesaria” puesta en carga de los suelos en manos de la Administración, así como de los suelos que la legislación les obliga a ceder para la construcción de viviendas protegidas.
Sugieren la implementación de medidas como préstamos de bajo interés o avales públicos para la entrada (30% del total), que según la regulación del banco de España no puede cubrirse con préstamo hipotecario.
Más viviendas de protección oficial en Málaga
Otro de las necesidades que salieron de la reunión es la insuficiente cifra de viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública.
En este sentido, desde la ACP proponen fórmulas de colaboración público-privadas, introduciendo los cambios necesarios para que sean actuaciones viables y atractivas a la participación privada.
Entre las propuestas, se detallan contar con módulos adaptados a los costes reales de construcción y equilibrados a los que ya tienen en otras comunidades, o la ampliación de las rentas de los que pueden acceder a esta tipología de vivienda protegida.
“Son muchos los que exceden de los parámetros requeridos para acceder a una vivienda protegida, pero se quedan también lejos del acceso a una vivienda del mercado libre”, argumentan desde la institución.
A la espera de la entrada en vigor de la LISTA
Una vez más, los promotores recalcan la necesaria clarificación de la legislación urbanística y muy especialmente de los informes sectoriales y de las normativas medioambientales, con especial mención a la GICA.
Según su visión, existe una legislación “extensa y confusa, incluso a veces contradictoria”. Proponen la digitalización total de las tramitaciones administrativas, y la ampliación de las tramitaciones a realizar mediante declaración responsable.
Después del buen resultado que ya está teniendo esta figura para la obtención de la primera ocupación de las viviendas, quieren extender su utilización, avalando así la tendencia legislativa de las directivas europeas.
En palabras del presidente de la Junta Directiva de Promotores, Ignacio Peinado, “no pedimos disminuir en ningún término las exigencias urbanísticas, técnicas o medioambientales, sólo contar con plazos ciertos y ágiles de respuesta por parte de la Administración y en caso de no ser así, nos dejen asumir la responsabilidad de su cumplimiento”.
A día de hoy y según su experiencia, cada proyecto se convierte en “un laberinto, que no siempre cuenta con salida, pero que en cualquier caso, les lleva años recorrer”.
Aunque tienen expectativas puestas en la entrada en vigor de la LISTA y de su Reglamento de desarrollo, han pedido más «valentía y responsabilidad» por parte de la Administración.
Reducción fiscal en el mercado inmobiliario de Málaga
Dado el gran atractivo que tiene Málaga frente al mercado internacional, no han querido dejar atrás, la adopción de políticas, fundamentalmente de índole fiscal, como la eliminación del Impuesto de Patrimonio.
Este ya no persiste en la mayoría de los países europeos y su supresión la argumentan como única fórmula de ser competitivos frente a otros países cercanos, que están apostando de forma decidida por la figura del residente no habitual.