En total de 490 municipios de Andalucía se encuentran todavía en proceso de adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 19 años después de que entrase en vigor. Y otros 113 ni si quiera han iniciado el procedimiento. Entre ambos, representan el 77% del total andaluz. Todos han visto como los trámites se dilatan de media entre ocho y diez años. Luego, con suerte, no los tumba un tribunal después de algún recurso. ¿Por qué? La maraña burocrática de 253 textos legales tiene gran parte de la responsabilidad. Ahora, se reducirán en un 30%.
“Era tan complejo que a cualquier inversor lo echa para atrás”, asegura el diputado de Fomento de la Diputación de Málaga, Francisco Oblaré. Así, (casi) todos esperan a la aprobación definitiva de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que viene a sustituir a la citada LOUA. “Hay municipios que han abandonado su plan urbanístico y están esperando a que salga esta nueva ley para hacer un nuevo intento”, comenta a Vida Económica el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia.
“Los municipios se han visto abocados a hacer adaptaciones parciales porque no han podido desarrollar el plan integral”, explica la misma fuente. Es el caso de Marbella, que aún cuenta con un plan urbanístico de 1986 después de que el TSJA acabe de anular su proyecto de 2004. Incluso la propia LOUA ha sufrido hasta 15 reformas para evitar contradicciones. “Una ley no puede estar sometida al remedio constante”, argumenta a esta revista el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López.
Se espera que la nueva normativa reduzca a dos años la media de la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). ¿Cómo? Modifica hasta 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos. Además de reducir el texto legal, también se simplifican las categorías en las que se califican los tipos de suelo. Así, desaparece el suelo urbanizable para dar paso íntegramente a dos calificaciones: urbano y rústico. También desaparecen las categorías de consolidado y no consolidado.
“La simplificación de los suelos en principio puede ser positivo a la larga, pero sí genera a corto plazo inseguridad jurídica en planos transitorios”, recuerda la secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, Violeta Aragón. En este sentido, según las disposiciones transitorias segunda y tercera, el suelo urbanizable no consolidado, por ejemplo, pasará a ser rústico. Estos últimos, a diferencia del urbano, encontrarán más dificultades para su recalificación.
De quién es qué: ‘adiós’ a los informes sectoriales
La LISTA también viene a unificar dos leyes: la Ley Urbanística y la de Ordenación del Territorio. Antes, el ámbito regional se regía con una normativa y el municipal, por otra. “Hemos visto cómo algún documento de ámbito territorial ha contradicho a uno de ámbito municipal”, recuerda Sarabia. En este contexto, la LISTA contempla un planteamiento urbanístico dual: un Plan General de Ordenación Municipal, más a largo plazo y en el que la administración regional tendrá más peso, y el Plan de Ordenación Urbana, como instrumento “ágil que pueda ir acomodando esas luces largas”.
De esta forma, ya no todos los proyectos urbanísticos deberán tramitarse con informes sectoriales (estos son los pertenecientes a las distintas consejerías implicadas, sobre todo Medioambiente). “Cualquier corrección tenía que pasar por la Junta, ahora se ha establecido más claramente cuál es el ámbito en el que se tiene que pronunciar la comunidad autónoma”, concluye el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. En cualquier caso, los informes sectoriales protagonizarán la clasificación del suelo rústico, que contará con una protección especial medioambiental.
La LISTA, en la lucha contra la despoblación
En la provincia de Málaga, 32 municipios menores de 20.000 habitantes siguen sin PGOU después de que el TSJA los paralizase. “Hace poco aprobamos el de Macharaviaya y llevaba 18 años en tramitación”, lamenta el diputado de Fomento de la Diputación de Málaga, Francisco Oblaré. La administración provincial es la que se encarga de asesorar este tipo de tramitaciones a municipios de las citadas características.
De hecho, para que estos municipios tuvieran garantías jurídicas de desarrollo urbanístico, la Diputación les ha tenido que facilitar un documento intermedio llamado ‘Plan de Delimitación de Suelo Urbano’. Para Oblaré es fundamental en los pueblos de interior para que “puedan atraer a gente que quiera venir a vivir”. En definitiva, crucial en la lucha contra la despoblación.
En cualquier caso, para el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Sarabia, “los municipios que realmente lo van a notar son los que más actividad tengan”. Bajo su juicio, los pequeños “no funcionan mal, pero los grandes están esperando a que salga esta ley como agua de mayo”. Y es que la continua paralización de los PGOU ha supuesto un obstáculo para varias ciudades. Incluida la capital. “Para un municipio que necesita una receta urbanística activa es un lastre”, manifiesta el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Rául López.
¿Y ahora qué?
Después de que la LISTA no se aprobase en el Parlamento a la primera (Vox votó en contra después de un desencuentro en una política migratoria), a principios de verano ya obtuvo el sí mayoritario. No obstante, aún no ha abandonado la categoría de anteproyecto: ahora deben aprobarse, de no introducirse nuevas enmiendas, los Reglamentos de Planteamiento y Gestión Urbanística y la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Con todo, según la consejera de Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, se espera que esté en funcionamiento este mismo diciembre.
“Va a acabar con el campo de minas que supone para acometer un desarrollo mínimo urbanístico”, Francisco Oblaré, diputado de Fomento de la Diputación de Málaga
“Esta ley permite que haya un ámbito estructural de la ciudad, pero que luego haya un ámbito más de menudeo que le permita tener autonomía”, Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos de Málaga
“Que no aburramos al inversor, otra cosa es que nos guste o no el proyecto, pero cuando se ha visto que es bueno para la ciudad…”, Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
Una ley que venía de antes
La LISTA no es una normativa creada por el nuevo Gobierno autonómico, sino que ya en los últimos años de los 37 de mandato socialista se trabajó en un nuevo texto legal. Fue a finales de 2017, un año antes de perder las elecciones, cuando inició la tramitación del anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía. El mismo comparte con el actual el ánimo de simplificar y acortar los plazos. De hecho, así lo explica la exposición de motivos del nuevo texto de la Junta de Andalucía: “Esta nueva ley retoma el texto en tramitación [por el gobierno socialista], manteniendo aquellas cuestiones que obtuvieron un amplio consenso social”.