Los chiringuitos en Málaga tienen un representante que vela por sus intereses ante las administración. Manuel Villafaina Muñoz compagina la presidencia de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga con el de máximo responsable de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas desde que este abril sustituyese a Norberto del Castillo, ahora al mando de la agrupación nacional. Una de sus principales preocupaciones son las últimas discrepancias entre Costas y la administración andaluza por varias concesiones de establecimientos en el litoral malagueño. En concreto, en la Costa del Sol aún hay 40 chiringuitos en bloqueo administrativo. «Entendemos que en el tercer implicado [los chiringuitos] no puede salir perjudicado», afirma. En juego, entre otros aspectos, las reformas de estos restaurantes de playa.
¿Qué es Aeplayas y quiénes la componen?
Principalmente, nosotros nos dedicamos a la defensa de los intereses de nuestros asociados. Estos engloban los servicios de hamacas, zonas náuticas, zonas de ocio de playa. En definitiva, todo lo que esté en la arena de playa.
¿Cómo es la situación actual con respecto a la crisis de coronavirus?
Tenemos una ruina encima enorme. Exceptuando el mes de agosto del año pasado, que se salvaron los papeles, el resto de los meses han sido desastrosos. Por lo tanto, la situación es complicada porque seguimos arrastrando muchos meses gastándonos nuestros ahorros y pidiendo muchos prestamos ICO. La temporada comenzó cuando se levantó el estado de alarma y ha mejorado bastante cuando se ha abierto Andalucía y el resto de España. Pero solo los fines de semana, entre semana depende de cada negocio.
Entonces, ¿se nota la recuperación en las contrataciones?
Debemos tener una plantilla muy completa. No podemos dar de baja los lunes y el viernes, sábado y domingo de alta. Las plantillas las tenemos completas porque en cualquier momento te puede venir la avalancha y tienes que estar preparado. Hay mucho aprendiz hoy en día, mucha gente joven, y debemos ejercer de maestros y por eso debemos tener una plantilla muy completa. Diría que estamos al 100% de nuestra plantilla en este momento.
¿Cómo evalúa las nuevas discrepancias entre la Junta y Costas por las concesiones de los chiringuitos?
Entre administraciones, cuando hay una tercera persona que pueda salir perjudicada, la propia ley dice que no puede salir perjudicado el tercero. Lo importante es que se pongan de acuerdo en esa discrepancia y que podamos tener esa tranquilidad jurídica que creíamos que ya las teníamos, porque de hecho tenemos las concesiones, pero parece ser que había un informe que faltaba y ahí salimos perjudicados. Esto es una manera de retrasarnos absolutamente todo, incluidas las obras, y más ahora en este momento. En Málaga tenemos 40 chiringuitos afectados.
¿Cuáles son entonces los objetivos de la asociación a partir de ahora?
Principalmente, encontrar esa seguridad jurídica y poder hacer nuestras obras con tranquilidad. Luego, debemos adaptarnos a la nueva situación turística que existe. Ello implica otorgar mucha luz en nuestros negocios, utilizar mucho el cristal para que la gente pueda ver el bar no solo cuando esté en nuestro negocio sino cuando pasee por los paseos. Y sobre todo darle calidad. La Costa del Sol ya tienen que mirar por el servicio y la calidad. Podremos competir siempre que estamos dando la calidad que estamos dando en este momento.
¿Y cuáles son las principales reclamaciones de la asociación?
Todavía estamos esperando las ayudas y nunca vienen. Esperemos que algún día vengan porque son muy necesarias. Hay mucha gente que ha aguantado no sabemos cómo… mucha deuda… y por lo tanto lo que tienen que hacer es ayudarnos por parte de la administración porque eso es lo que han prometido y ha hecho cualquier otro Estado.
Chiringuitos
Las primeras concesiones de chiringuitos se firmaron a finales de la década de los 80 con una Ley de Costas que actualizaba a la del 69. Ahora, tras varias reformas y renovaciones, y cuando todo parecía estar solventado, el sector ha encontrado un nuevo revés. Y es que Costas, dependiente del Gobierno central, y la Junta de Andalucía han tenido un nuevo encontronazo. El Gobierno ha frenado 40 concesiones que la Consejería de Agricultura ya había otorgado. El bloqueo jurídico, debido a una documentación que no se solicitaron entre ambas administraciones, deja a estos establecimientos sin posibilidad, de momento, de acometer reformas.