CESUR propone 12 medidas para frenar la crisis económica

La asociación empresarial CESUR ha consultado a sus socios las medidas, que son de carácter financiero, laboral, fiscal, administrativo y de política económica.

CESUR establece medidas para frenar la crisis económica procedente del COVID-19.
CESUR establece medidas para frenar la crisis económica procedente del COVID-19.

Mayor agilidad por parte de la administración pública, solicitar un cumplimiento estricto de la Ley de Morosidad o facilitar el aplazamiento de pago de los impuestos empresariales son algunas de las propuestas apoyadas por los socios de CESUR, Asociación de Empresarios de Sur de España, para promover una pronta recuperación económica, ante la parálisis causada por el Covid-19.

Este sondeo, denominado Medidas de choque para una pronta recuperación económica, ha sido elaborado por un grupo de expertos participantes en lo think tank que trabajan en CESUR, y ya se han puesto en conocimiento del Gobierno de España, la Comisión Europea, la Junta de Andalucía y Extremadura y el Banco de España, para hacerles saber cuál es la postura de los empresarios del sur de España, así como sus inquietudes y necesidades de cara a los próximos meses.

Las 12 propuestas son las siguientes:

  • Crear una campaña nacional e internacional de apoyo al fomento del turismo en España en cuanto se asegure el fin de la pandemia.
  • Que las empresas puedan reincorporar progresivamente los trabajadores incursos en un ERTE, atendiendo a que esa flexibilidad manifestada por el Gobierno no tenga excepciones, a lo largo de los 6 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma, y los demás puedan seguir en el ERTE a lo largo de esos 6 meses.
  • Pactar con las compañías energéticas una reducción del precio del KW/h en las empresas en los próximos 6 meses al levantamiento del estado de alarma.
  • Pactar y asegurar con el sector bancario un coste máximo asequible al demandante de renovaciones de préstamos para el circulante, y adelantarse a aprobar una nueva línea de créditos ICO más amplia y ágil, asegurando que los destinatarios son empresas sin los suficientes recursos, pero con viabilidad. Es vital que llegue el dinero a quien de verdad lo necesite, y no solo ni en primer lugar a los clientes preferentes. La entidad bancaria debería estar obligada a admitir estas operaciones durante, al menos, los 12 meses siguientes de finalizar el estado de alarma.
  • Acometer una nueva línea de créditos ICO, en caso de necesidad, y asegurarse que los destinatarios son empresas sin los suficientes recursos, pero con viabilidad.
  • Cumplimiento estricto de la Ley de Morosidad para garantizar el pago al día a los proveedores que trabajan con la Administración y las grandes compañías (algo que ya están haciendo algunas autonomías y empresas).
  • Activar mecanismos extraordinarios en la agilización administrativa de licencias y contratos.
  • Prórroga de los plazos de las concesiones públicas si su terminación acaeciera en los próximos 6 meses.
  • Modificar la normativa contable y mercantil para aplazar los plazos de cumplimiento de obligaciones cuyo incumplimiento llevaría a situaciones transitorias de parálisis: morosidad, solvencia etc.
  • Facilitar el aplazamiento de pago de los principales impuestos empresariales -además de las cuotas a la SS, ya aprobado- como el IVA y retenciones, durante al menos 6 meses, de las cuotas de los dos primeros trimestres, y suprimir el pago a cuenta del impuesto de sociedades.
  • Permitir a las empresas utilizar sus créditos fiscales ya devengados, procedentes de bases imponibles negativas de años anteriores (como inversión en I+D y otros supuestos) para el aprovechamiento de las mismas durante este ejercicio. Así, poder incorporar exclusivamente durante este ejercicio nuevos incentivos ligados al mantenimiento del empleo (como puede ser la libertad de amortización) u otros (por impulsar la inversión en planes de contingencia o el fomento del teletrabajo).
  • Agilidad para reasignar, por parte de la Administración Pública, recursos financieros y humanos hacia las actividades más necesarias -y colapsadas- en estos momentos como la tramitación de expedientes laborales, aplazamientos y demoras de impuestos etc.

De las conclusiones de este sondeo destaca que, el 100% de los encuestados solicita mayor agilidad a la Administración Pública en la reasignación de recursos financieros y humanos hacia las actividades más necesarias -y colapsadas- en estos momentos como la tramitación de expedientes laborales, aplazamientos y demoras de impuestos etc.

Así mismo, 87,5% de las empresas encuestadas coincide en que sería positivo para reactivar la economía poder pactar y asegurar con el sector bancario un coste máximo asequible al demandante de renovaciones de préstamos para el circulante, y adelantarse a aprobar una nueva línea de créditos ICO más amplia y ágil que, por otra parte, estuviese destinada a empresas sin suficientes recursos, pero con viabilidad (94,6%).

Otra de las propuestas que ha obtenido mayor respaldo (91,1%) es facilitar el aplazamiento de pago de los principales impuestos empresariales -además de las cuotas a la SS, ya aprobado- como el IVA y retenciones, durante al menos 6 meses, de las cuotas de los dos primeros trimestres, y suprimir el pago a cuenta del impuesto de sociedades.

La solidaridad: presente en las empresas del sur de España
Por otra parte, desde CESUR destacan la faceta solidaria que las empresas del sur de España están mostrando durante esta compleja situación. El 60% de las empresas encuestadas han puesto en marcha medidas de ayuda para mejorar la situación de la ciudadanía española. Además de donaciones económicas, de alimentos y material sanitario, los empresarios andaluces y extremeños están aplazando los cobros de sus clientes o reduciendo el salario de sus altos directivos, además de mantener plantillas en situaciones de inactividad empresarial.
El sondeo se realizó durante la semana pasada, entre los cerca de 130 empresas asociadas de CESUR, al que han respondido el 50% de los encuestados. Dado el compromiso, solvencia y variedad sectorial y provincial de sus empresas asociadas, se puede considerar un sondeo de gran valor cualitativo sobre el sector empresarial. El volumen de facturación agregado de las empresas asociadas supone el 20 por ciento del PIB andaluz y el 100% del extremeño.