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La CEM exige medidas urgentes para las empresas ante el impacto de COVID-19

La CEM exige medidas urgentes para las empresas ante el impacto de COVID-19

La CEM exige medidas para las empresas ante el impacto de COVID-19

E.P. Más del 85% de las empresas de la provincia de Málaga se han visto obligadas a cerrar sus puertas o han sufrido caídas sin precedentes en su facturación como consecuencia de la crisis del COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirla. Por tanto, desde la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) han exigido a las administraciones medidas urgentes tanto ahora como cuando concluya el estado de alarma y el confinamiento.

Según han indicado desde la CEM, se prevé que, tanto el periodo de estado de alarma nacional como el tiempo posterior, «pongan en serio peligro la continuidad de las empresas y el empleo». El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 está siendo «muy grave, por las consecuencias que ya está teniendo y, tal vez en mayor grado, por las repercusiones sociales y económicas que con seguridad tendrá cuando finalice, si no se adoptan las medidas adecuadas sin más dilación».

Es en este momento, han precisado desde la CEM en un comunicado, «cuando mayor es la necesidad de liquidez de las empresas, ante la falta de ingresos y la obligación de seguir manteniendo sus pagos». Por ello, la entidad ha recogido las medidas propuestas por las organizaciones territoriales y sectoriales, con el objetivo de trasladarlas a los correspondientes ayuntamientos y a la Diputación provincial.

«Estamos convenvidos de su voluntad de ayudar a las empresas y a la pronta recuperación de nuestra actividad económica y el empleo que esta genera», han indicado. Así, pese a que algunos ayuntamientos ya han puesto en marcha medidas de apoyo, dentro de sus competencias, la CEM ha dirigido peticiones de manera uniforme a todas las corporaciones locales de la provincia.

Propuestas a las Administraciones

Entre ellas está el abono inmediato de las facturas pendientes de pago a proveedores, para facilitar liquidez a las empresas y aprobar conciertos con entidades financieras para la factorización de todas las facturas de proveedores sin recursos.

También han pedido medidas tributarias, como la eliminación del cobro de los siguientes impuestos y tasas por el tiempo que dure la crisis, citando el de circulación de vehículos (IVTM); las tasas por vados, ocupación de la vía pública, toldos y veladores; de recogida, tratamiento y eliminación de residuos y alcantarillado en los meses de cierre, ya que en muchos casos se ha dejado de hacer uso de este servicio (restaurantes, hoteles, comercios cerrados).

Los empresarios malagueños demandan, igualmente, que se elimine la tasa de puestos en mercados de abastos; del IBI en las fincas urbanas donde se desarrollen actividades empresariales y estén cerradas o con escasa o nula actividad económica y el IAE de las actividades que se han paralizado o hayan tenido más de un 70 por ciento de caída de su actividad.

Para aquellos casos en que no sea posible la exoneración del pago de impuestos, la CEM pide establecer una moratoria en la recaudación de al menos seis meses y un plan de pago fraccionado para cada empresa, con el objeto de poder abonar periódicamente prorrateado según las posibilidades de cada caso, todo ello sin gastos ni intereses.

Congelar en el tiempo cualquier procedimiento que conlleve el pago de deudas atrasadas, una vez justificada la buena fe de la empresa contribuyente, hasta que no se regularice la situación y no iniciar ningún proceso nuevo de estas características son otros de los planteamientos.

La CEM plantea que se propicie una posible «caja única de fiscalidad municipal desde la que sea posible la condonación de deudas de la empresa con su ayuntamiento y la Diputación, de manera que sea ágil y eficaz las posibles condonaciones y compensaciones».

En el caso de la Diputación provincial de Málaga, los empresarios proponen la eliminación del recargo provincial del IAE de la parte proporcional correspondiente al periodo de pandemia; y se solicita que el Patronato de Recaudación Provincial se implique en la búsqueda de soluciones que puedan ofrecerse a los ayuntamientos para poner en marcha las medidas requeridas, tales como aplazamientos sin gastos ni intereses.

Medidas para el «día después»

Cuando se retorne la plena actividad económica, será «imprescindible», a juicio del empresariado malagueño, que las administraciones públicas atiendan las demandas y sugerencias de los distintos sectores empresariales, de manera que «la recuperación sea lo más rápida posible, evitando así entrar en una recesión más duradera».

«Si importante es reaccionar a tiempo y con unidad de criterio durante la crisis, no lo es menos la necesidad de trabajar de manera inmediata en la recuperación de la actividad económica una vez superado el estado de alarma consecuencia de la pandemia».

«Tenemos tiempo e ideas claras sobre las necesidades de las empresas, una vez podamos operar en un entorno normalizado que será distinto al anterior de la crisis. De todos, de administraciones y empresas, depende la capacidad de dotarnos de los medios adecuados para hacer una recuperación más breve y exitosa», han sostenido desde la CEM.

Por otro lado, han reclamado que se facilite la reunificación de deudas crediticias ya existentes en un único crédito, buscando el aplazamiento y flexibilización y mayor agilización de trámites burocráticos tanto en la gestión de cualquier ayuda o solicitud de exención como para reanudar actividad tras la parálisis económica.

Asimismo, solicitan una moratoria en el pago de determinados impuestos de ámbito municipal, sobre todo en los generadores de empleo: aplazamiento de la tasa por licencia de obra sin intereses a 18 meses, siempre antes de la obtención de la licencia de primera ocupación o utilización e implantación inmediata del instrumento de licencias de primera pcupación por declaración responsable.

También exenciones o bonificaciones en el pago de las tasas por ocupación de vía pública durante los próximos 12 meses al levantamiento del estado de alarma, «lo que favorecería especialmente a la hostelería y la construcción»; la bonificación en la tasa por licencia de apertura; en el IAE, en la cuota del IBI, etcétera.

Otras de las medidas reclamadas por los empresarios malagueños es apoyar a las empresas y autónomos a la hora de conseguir una reducción de costes en suministros (luz, agua) en aquellos ayuntamientos que estén vinculados a la gestión de los mismos a través de empresas municipales o participadas; que los consistorios y la Diputación colaboren con la CEM y sus organizaciones empresariales en analizar las medidas adoptadas a propósito de la pandemia, en comercios y hostelería en distintos municipios.

Todo ello, han añadido, con el objetivo de diagnosticar y cuantificar los daños, «proponer medidas ágiles y eficaces para recuperar las ciudades, sus centros comerciales así como el empleo en el corto y medio plazo».

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