El Gobierno de España publicó ayer una serie de medidas extraordinarias para solventar la crisis provocada por el Coronavirus tanto en su frente económico como en el social. Todas las directrices están recogidas en Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
El jefe del Ejecutivo anunció que el Gobierno movilizará hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB), para afrontar las consecuencias del coronavirus. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el resto se complementará con la movilización de recursos privados. Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno se centran en cuatro áreas prioritarias: familias, trabajadores, empresas e investigación.
Pensando en las familias más vulnerables
Un total de 600 millones se destinará a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales. Dentro de este punto se va a hacer especial hincapié en la asistencia domiciliaria a las personas mayores y a las dependientes. También se indicó la protección de los suministros de energía y de agua y la garantía de que los servicios de telecomunicaciones funcionarán correctamente.
Por otra parte, se estableció una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores en un situación de vulnerabilidad. «Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa», aseguró Pedro Sánchez.
“Queremos que se mantenga el empleo”
La idea en la que más se centró ayer el presidente del Gobierno fue en que desde el Ejecutivo se pide a los empresarios que no realicen despidos. Todo el paquete de medidas está hecho para que los trabajadores asalariados puedan reducir su jornada o adaptarla para una mayor conciliación. Además, se apoya la implantación del teletrabajo.
«Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido», explicó Pedro Sánchez.
En cuanto a los trabajadores autónomos, se flexibiliza el acceso al cese de su actividad que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Se asegura que los autónomos tendrán facilidades para cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
El jefe del Ejecutivo pidió a los empresarios a que no despidan a sus empleados: «Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal».
Ayuda a las empresas para mantener la liquidez
El presidente afirmó que «el Estado va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesita para mantenerse operativo» y no permitirá que «los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia».
Con este fin, el Gobierno aprobó la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.
Asimismo, se acordaron avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización.
Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. El Ejecutivo también reformó la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.
Apoyo para encontrar la vacuna contra el COVID-19
Pedro Sánchez subrayó el compromiso del Gobierno con el refuerzo de la investigación científica para desarrollar una vacuna para el COVID-19. Para ello, el Gobierno dotará con 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III.
El presidente resaltó también que el conjunto de iniciativas necesitan el apoyo suplementario de la sociedad civil. Para preservar nuestro tejido empresarial y nuestro empleo es indispensable que empresas grandes o pequeñas, autónomos o empleados asuman una idea: «Esta crisis es temporal y debe tratarse como temporal».
Empresas e instituciones malagueñas abordan la crisis
La empresa malagueña Trasteros Plus cedió a las autoridades 150 trasteros para guardar todo el material sanitario que llega desde el exterior: mascarillas, tubos de respiración, productos de higiene etc.
“En esta situación, todos debemos colaborar y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena donando estos espacios que pueden ser de gran utilidad”, explicó Alberto Serrano, gerente de la empresa. El material se guardará con las máximas garantías. Las medidas de seguridad de los establecimientos cuentan con códigos personalizados de accesos, parking privado y cámaras en las zonas comunes y exteriores del recinto.
Desde la delegación del Gobierno en Andalucía, Patricia Navarro, señaló que el Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó medidas por valor de 1.000 millones de euros dirigidas a familias, trabajadores y empresas y que «van a permitir por ejemplo que pymes y autónomos que tienen que seguir pagando a sus proveedores puedan hacerlo pidiendo préstamos a los bancos con el aval de la Junta».
Las iniciativas también van dirigidas a aquellas empresas que quieran poner a disposición de sus empleados herramientas telemáticas para fomentar el teletrabajo para que “puedan sumarse a los proyectos de transformación que ya contaban con 9 millones de euros y que ahora se ve incrementada la dotación presupuestaria”.
Asimismo, indicó que con las medidas aprobadas “también se va a permitir que los andaluces puedan retrasarse hasta tres meses en el pago de algunos impuestos como por ejemplo el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados”, además de que “se ha reforzado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque son muchas las necesidades que están surgiendo”.