Cuando llega un nuevo año, todos hacemos propósito de enmienda, planteándonos retos que, en la mayoría de los casos, no llegan a cumplirse, como “dejar de fumar”, “hacer deporte”, “aprender inglés”, “adelgazar” u otros muchos. Particular, y lamentablemente, solo he conseguido uno de esos retos de principios de año, pues logré “dejar de fumar”.
Comenzando este 2018 “recién nacido” cabría plantearse, desde un punto de vista jurídico, cuáles son los verdaderos retos de la Justicia Española para este nuevo año. Y en este sentido, me ha llamado la atención la información del Consejo General del Poder Judicial suministrada a fínales del pasado año 2017, tanto al Ministerio de Justicia como a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia, consistente en su previsión de necesidades para 2018 en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
La estimación es que en el año 2018 se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados, y ello con independencia de otras medidas como la exención de reparto o el autorrefuerzo, y grupos de trabajo y encuentros de jueces de órganos especializados y de magistrados de las Audiencias Provinciales.
Sinceramente, no puedo negar que creo que estos “buenos deseos” y propósitos caerán en el olvido y no llegarán a cumplirse de forma efectiva y completa, como estamos acostumbrados a ver los que tratamos con la Administración de Justicia, y, especialmente, en la jurisdicción civil.
Efectivamente, cualquier profesional que se encuentre vinculado a la Administración de Justicia de nuestro país, será consciente que mientras que no se dote a la misma de los medios materiales y humanos necesarios será imposible cumplir con los objetivos que se marcan anualmente desde las distintas administraciones intervinientes. Pues bien, me atrevo a proponer, humildemente, tres simples retos para dar cumplimiento a algunas necesidades básicas de nuestra jurisdicción civil para este nuevo año 2018, que serían (i) la creación de más Juzgados para la resolución de las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, (ii) ampliación de los Juzgados de 1ª Instancia, y (iii) un mejor funcionamiento de la plataforma “lexnet”, y que podríamos resumir -insistimos- en una mayor dotación de medios humanos y materiales,
Espero equivocarme, pero, probablemente, como ocurre con los retos de todos los humanos, los mismos, en su gran mayoría, no se cumplirán, pues los retos de la Justicia Española también “son simplemente los de siempre”.
José Miguel Méndez Padilla Abogado, socio de MENDEZ PADILLA, ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.L.P.