El principal obstáculo legislativo que las empresas que protagonizan la exportación malagueña encuentran son los aranceles. El aceite de oliva, el vino o el queso andaluz estuvo gravado con un 25% adicional a la entrada de Estados Unidos hasta hace poco menos de un año. Ahora, según confirman desde Dcoop, la aceituna negra española es la que más impuestos de entrada paga a las puertas del país norteamericano.
En el caso de la industria maderera malagueña, los impuestos arancelarios más altos están en Marruecos, donde la fábrica Román Clavero encuentra más dificultades para atender a sus clientes. Adaptarse a esta legislación también tiene un coste: «Tienes que crear envases y etiquetas adaptadas sin saber cómo te va a resultar la inversión», explica el director comercial de Industrias Confiteras Antequeranas, Ángel Sáncho. Las empresas de este grupo encuentran el principal reto en México, donde, afirman, existen unos requisitos de etiquetado muy exigentes.
Precisamente son estos requisitos dispares una de las principales reclamaciones no solo del sector agroalimentario, sino también en el industrial. «Países con mano de obra más barata y con políticas fiscales más favorecedoras hacen que nuestro producto sea menos competitivo que el de los fabricantes griegos o turcos», puntualiza el CEO de General Elevadores, Fermín Encuentra.
En el ámbito agroalimentario, la normativa relativa a fitosanitarios, analíticas microbiológicas o certificados de calidad son algunas de las cuestiones burocráticas más significativas. En definitiva, todas las empresas consultadas para este reportaje coinciden en que se debe realizar un análisis exhaustivo de los requisitos regulatorios locales. «Cuando exportas productos de alto valor tecnológico hay que analizar con detalle ya que los equipos tienen que cumplir con la normativa vigente antes de entrar en el país», concluye Rafael Córcoles, el CEO de Torsa, la tecnológica malagueña con especial presencia en Perú y especializada en sistemas de seguridad y salud en maquinaria pesada.