Septiembre trae resaca, sabor a rutinas y una mustia sensación de que las siestas de verano han durado menos que un consejo de ministros. En derecho laboral ocurre igual: cuando esto se publique, la viejoven reforma para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ya habrá sido votada con más ruido que nueces.
La medida ha monopolizado titulares y tertulias. Si sale adelante el acuerdo parlamentario, el golpe de la letra pequeña hará el trabajo sucio de rebajar las expectativas. Si la reforma fracasa, el problema se aplazará, se ignorará un tiempo y, como todo aquello que se obvia, preparará su venganza.
La medida acarrea evidentes incomodidades en el corto plazo, reorganizar turnos, ajustar costes, revisar procesos, y despierta legítimas dudas sobre su verdadero alcance y la forma de aplicarla. No faltan quienes advierten que buena parte del tejido empresarial carece de músculo para absorber el cambio y se preguntan cómo puede sostenerse pagar lo mismo y trabajar menos. En paralelo, no conviene olvidar que una jornada inferior a las consabidas 40 horas ya es una realidad en numerosos sectores, que contemplan este debate con distancia e indiferencia.
Llegados a este punto, conviene mirar el panorama sin dramas y asumir que el cambio llegará: quizá no hoy, tal vez tampoco mañana, pero será inevitable. La historia del derecho del trabajo no es otra cosa que la conquista, lenta pero constante, de tiempo libre. Lo que hoy vemos como natural -descanso semanal, vacaciones, jornadas de ocho horas, paternidad-, siempre vino precedido de una batalla de intereses contrapuestos. El tiempo también es un derecho y, gestionado con inteligencia, un negocio. Ojalá esta reforma nos descubra que trabajar menos horas, en ocasiones, es una inversión rentable.
Antonio Jesús Rodríguez Morones,
Socio de IUS LABORAL
