El campo español volverá a las carreteras a finales de enero. Las principales organizaciones agrarias han activado un nuevo ciclo de movilizaciones para denunciar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, la presión de los acuerdos comerciales internacionales y los cambios que se avecinan en la política agraria europea.
La protesta tendrá su punto álgido el 29 de enero, una fecha que el sector ya marca como jornada central de reivindicación en todo el país. Tractoradas, concentraciones y manifestaciones volverán a situar al campo en el centro del debate político y económico, en un contexto que las organizaciones convocantes califican de límite para agricultores y ganaderos.
Las movilizaciones se concentrarán en la semana del 26 al 30 de enero y se desarrollarán de forma simultánea en numerosos territorios. El objetivo es visibilizar un malestar que, según el sector, se arrastra desde hace años y que se ha agravado por decisiones recientes adoptadas tanto en el ámbito comunitario como nacional.
Un calendario abierto y con margen territorial
ASAJA, COAG y UPA han optado por un modelo flexible de convocatoria. Cada delegación regional podrá definir el formato de las protestas en su territorio, con el objetivo de facilitar la participación y adaptarse a las realidades locales.
Las organizaciones no descartan que este proceso de movilización pueda culminar más adelante en una manifestación estatal si no se producen avances en las reivindicaciones planteadas. Insisten en que se trata de un proceso permanente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el medio rural.
Mercosur y la PAC, en el centro del conflicto
Uno de los principales detonantes de las protestas es el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El sector agrario considera que este pacto abre la puerta a una competencia desleal, al permitir la entrada de productos que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a los productores europeos.
A esta preocupación se suma la incertidumbre en torno al futuro presupuesto comunitario y a la Política Agrícola Común. Las organizaciones alertan de posibles recortes y de cambios estructurales que podrían debilitar aún más la renta agraria y acelerar el abandono de explotaciones.
“Sobran los motivos para salir a la calle”, coinciden las organizaciones convocantes, que reclaman reformas profundas en materia de financiación europea, acuerdos comerciales y política agraria.
Costes al alza y burocracia creciente
Más allá de los acuerdos internacionales, el campo señala problemas estructurales que afectan directamente al día a día de las explotaciones. El incremento de los costes de producción, especialmente en energía y fertilizantes, ha reducido los márgenes hasta niveles difíciles de sostener.
La burocracia es otro de los factores que más desgaste genera. El sector denuncia un exceso de trámites y controles que consume tiempo y recursos, sin aportar mejoras reales en eficiencia o competitividad. Esta combinación de factores está provocando el cierre de explotaciones, la reducción de activos agrarios y una pérdida progresiva de tejido productivo en el medio rural.
Andalucía, movilización en todas las capitales
En Andalucía, las protestas del 29 de enero tendrán un carácter especialmente visible. ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias han convocado concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en todas las capitales de provincia.
El campo andaluz advierte de que el impacto de Mercosur, los recortes de la PAC, el aumento de los costes y la falta de simplificación administrativa no solo afecta a los productores, sino a toda la cadena agroalimentaria y, en última instancia, a los consumidores. Las movilizaciones buscan reabrir un debate que el sector considera inaplazable sobre el futuro del campo y su papel estratégico en la economía.
