Más de 350 profesionales del sector inmobiliario se reunieron ayer en el Castillo de Gibralfaro durante el tradicional Punto de Encuentro Inmobiliario organizado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga. El acto, que contó con la participación de líderes empresariales, representantes institucionales y agentes financieros, centró el debate en una advertencia clara: si no se actúa con urgencia, el déficit de vivienda en Andalucía, hoy cifrado en más de 150.000 unidades, podría triplicarse en 2030.
La cita, respaldada por FADECO Promotores y el Ayuntamiento de Málaga, sirvió para lanzar un mensaje contundente desde el sector: “Construir vivienda debe ser considerado una actuación de interés público, sujeta a tramitaciones de emergencia”, señaló Juan Manuel Rosillo, presidente de ACP Málaga, durante su intervención inaugural. “Este problema no se arregla con empatía, sino con decisiones valientes.”
La colaboración público-privada como eje estratégico
El evento se estructuró en dos mesas de debate. La primera, moderada por la secretaria general de ACP, Violeta Aragón, abordó las medidas legislativas y financieras ya puestas en marcha, con especial foco en la colaboración público-privada como palanca de cambio.
Mikel Echavarren, CEO de Colliers, advirtió que “decir que estamos ante una emergencia habitacional y no agilizar ni bonificar los proyectos de vivienda protegida es una incoherencia manifiesta.” Según sus estimaciones, incluso con reformas inmediatas, el impacto no sería visible hasta dentro de varios años.
Javier Braza, CEO de Lagoom Living, reclamó mayor seguridad jurídica y agilidad administrativa: “Necesitamos marcos estables para atraer capital e impulsar vivienda en alquiler asequible.” Además, valoró positivamente el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO), representado en la mesa, por su apoyo a través de financiación con carencia y largos plazos de amortización, incluso mediante aportaciones de equity público en proyectos con componente social.
Daniel Caballero, responsable de negocio inmobiliario en CaixaBank, subrayó que “no hay problema de liquidez en el sector”, pero sí un bloqueo estructural en la gestión del suelo: “Con los plazos actuales, muchos proyectos no son viables ni financiables.” En la misma línea se manifestó Juan Ignacio Zafra, director territorial en Andalucía de la entidad, quien reiteró el respaldo del sistema bancario al desarrollo residencial.
Urbanismo de emergencia y reforma legislativa
La segunda mesa, conducida por Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores, reunió a dos exministros de signo político distinto: Íñigo de la Serna (PP) y Jordi Sevilla (PSOE). Ambos coincidieron en la urgencia de alcanzar un gran pacto nacional por la vivienda y declararon que la vivienda no puede convertirse en un campo de batalla ideológica.
Peinado aprovechó para insistir en que la esperada Ley del Suelo, cuya redacción original fue liderada por De la Serna, “es una buena base, pero ya no es suficiente. El sector necesita medidas extraordinarias de emergencia y bonificaciones fiscales para el desarrollo de suelo urbano.” Alertó además que el texto vigente responde a una situación de hace ocho años y que ahora se requiere un enfoque más ambicioso, que incluya la financiación pública en la fase de urbanización y avales para suelos que cumplan criterios de sostenibilidad social o ambiental.
El papel institucional: Andalucía y Málaga piden agilidad
La clausura corrió a cargo de Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Díaz repasó las medidas adoptadas por el gobierno andaluz, como la aprobación de la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), el reciente decreto de medidas urgentes para la creación de vivienda o la ley autonómica de vivienda, actualmente en tramitación. No obstante, apuntó como gran obstáculo “las distorsiones generadas por la ley estatal de vivienda, de carácter intervencionista, que ha retraído la oferta.”
Por su parte, De la Torre insistió en que Málaga “tiene suelo disponible”, pero se requiere mayor implicación del resto de administraciones. “Lo que necesitamos es poner en carga ese suelo cuanto antes, con apoyo técnico y financiero.”
El acto dejó claro que el sector inmobiliario malagueño y andaluz está dispuesto a actuar, pero reclama un marco normativo y financiero que lo permita. Urbanismo de emergencia, seguridad jurídica, colaboración público-privada efectiva y planificación anticipada son las claves señaladas para revertir una situación crítica que podría afectar seriamente a la competitividad, el bienestar y la cohesión social si no se revierte a tiempo.
