Caracuel Abogados cuenta con un equipo solvente de profesionales acostumbrados a trabajar para favorecer el crecimiento de las empresas y con una alta especialización en derecho Civil e Inmobiliario. No en vano, en este bufete se analiza con sumo cuidado cualquier operación o inversión de calado para las pymes.
Por otro lado, el pasado año dieron un paso decisivo tras llegar a un acuerdo estratégico con Caballero & Fuentes Abogados. Ambos despachos sumaban fuerzas, experiencia y recursos para abordar con garantías los nuevos desafíos del sector legal, considerando el entorno en el que se mueven cada vez más global y competitivo.
Fruto de esta alianza ha sido el crecimiento sostenido en materias relacionadas con el derecho Público, en general, y el Urbanístico, en particular, sobre todo, en el área de influencia de Marbella, la Costa del Sol y Málaga Capital. Dentro del primero, están ofreciendo servicios a empresas en todo lo relacionado con los concursos públicos para aquellas empresas “que trabajan con las diferentes administraciones públicas”, precisa su socio director, Antonio Caracuel.
Su cooperación con Caballero & Fuentes Abogados les ha permitido ‘cerrar el círculo’ para ofrecer un asesoramiento global a las empresas al complementar en el ámbito inmobiliario incorporarando áreas legales con especialistas en derecho Urbanístico y derecho de la Contratación Pública. Gracias a ello, están preparados para atender y asesorar a inversores inmobiliarios que quieren lanzar proyectos de primera vivienda como aquellos que buscan suelo para desarrollar.
El balance del primer semestre arroja resultados positivos. En este sentido, han experimentado un crecimiento sostenido tanto en su oficina central de Marbella -que abarca la Costa del Sol y Málaga capital- como a través de Hispajuris, despacho del que forman parte desde hace dos décadas. Todo ello, junto a las alianzas con nuevas firmas jurídicas, les ha permitido consolidar su actividad
La ‘foto’ que hacen al sector inmobiliario de la Costa del Sol muestra un ritmo de crecimiento positivo. “Se sigue vendiendo todo lo que se construye, principalmente, a inversores extranjeros que no necesitan financiación bancaria”, explica Caracuel. No obstante, destaca “el alto precio del metro cuadrado de este tipo de vivienda” y alerta de la fuerte subida del precio del suelo en primera vivienda lo que “complica la adquisición a los ciudadanos de la zona que, incluso, tienen problemas de acceso a la financiación bancaria”. Su receta para solucionar esta situación requiere de “una estabilización en la subida de precios de venta y de los tipos de interés y más oferta de suelo por los ayuntamientos”.
Esta problemática afecta ya incluso a los pisos de alquiler que escasean por Marbella, asegura el letrado. “Me preocupa no solo de cara al sector de la construcción sino también en el hotelero que no encuentra donde ubicar al personal que necesita contratar”.
En su compromiso con el sector tecnológico, Caracuel Abogados ha realizado una serie de inversiones en inteligencia artificial (IA) al objeto ofrecer un mejor y más rápido servicio a sus clientes.
Golden Visa, daño a la imagen y seguridad jurídica
A grandes rasgos, la Golden Visa era un mecanismo legal que facilitaba el permiso de residencia a ciudadanos de fuera de la Unión Europea tras invertir un mínimo de 500.000 euros en vivienda (aparte de otras posibilidades). Recientemente se ha anunciado por el gobierno de Sánchez su futura eliminación o limitación, lo que ha causado una gran desconfianza en el sector inmoibiliario e inversores. Caracuel Abogados ha trabajado en la tramitación de este tipo de expedientes desde 2013.
Para su socio director “ha sido más el daño a la imagen y seguridad jurídica de los futuros inversores que hacia el potencial número de operaciones, por otro lado, muy pequeño respecto al total de compras realizadas”. Recuerda que la UE más que “suprimir” lo que persigue es “controlar” este tipo de inversiones que, determinados países, utilizaban como reclamo para conceder la nacionalidad y no la residencia. El experto legal considera que, en el caso de los británicos, “puede solucionar su residencia ya que el Brexit los sitúa en una posición irregular”.
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