Decía B. Franklin que sólo había dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Añadamos una tercera: la sempiterna reforma laboral.
De entrada, el año nuevo trae deberes: subida del SMI en un 5 %, alta y cotización de los becarios -sí, también de aquellos no remunerados- e implementación de canales de denuncias en empresas con más de 50 personas trabajadoras.
Si bien, el Gobierno, además de dejar de fumar o salir a correr, también tiene sus propios propósitos de año nuevo; la mayoría de ellos, forman parte de un elenco de anuncios inconcretos que acaban devorados por el levante de la polémica y que, como todo lo que se promete con arrebato, cuando bajan a tierra en forma de decreto, rara vez se parecen a lo prometido.
Entre esos propósitos, este año tropezaremos -año nuevo, vida vieja- con el penúltimo conato de incremento de la indemnización por despido. También es fácil divisar una importante porfía en torno a la reducción de la jornada laboral máxima a 38,5 horas semanales sin disminución del salario, cambio significativo que removerá el avispero de la negociación colectiva e implicará el abordaje de restructuraciones en aras de aumentar la productividad.
El estatuto del becario es otra lidia en la que se planteará la compensación de los gastos en los que incurre el becario -transporte y manutención-. Y, como redondeo, se espera que nuestros tribunales terminen de aclarar dudas que el legislador no zanjó en materia de teletrabajo, permiso parental de ocho semanas o licencias retribuidas derivadas de fuerza mayor y cuidado de familiares.
Será un año apasionante, lleno de inquietudes. La recomendación, tan vieja como el año que se va: asesoramiento preventivo como paliativo de todas las cuestas de enero que vendrán.
Antonio Jesús Rodríguez Morones
Socio de IUS LABORAL
