Se acaba de hacer pública la iniciativa legislativa para proceder a la supresión de la mal llamada “golden visa” o autorización de residencia para inversores. Esta iniciativa fue aprobada por el PP en el año 2013 en un paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis económica y también porque esta medida ya existía en otros países de la Unión Europea (Portugal, Francia, Malta, etc….) y así evitar que los posibles inversores se fueran a estos países.
El motivo principal argüido por el gobierno y sus socios es que esta forma de inversión repercute en la subida de los precios de las viviendas en España. Desde un punto de vista jurídico y financiero esta argumentación esta muy lejos de la realidad por dos motivos principalmente.
El primero de ellos porque de las más de las 15.000 golden visa concedidas en España en los once años de vigencia de la misma, la repercusión sobre el numero total de inmuebles vendidos en España es únicamente del 0,1%, por lo que difícilmente se sostiene que sea una de las causas de la subida de las viviendas.
Por otro lado, porque no todas las autorizaciones de residencia concedidas lo han sido por la compra de un inmueble cuyo valor supere los 500.000€ (precio muy lejano de la realidad de aquellos españoles que queremos adquirir la primera vivienda), sino que también se podían obtener por aquellos ciudadanos de fuera de la UE que invirtieran en deuda pública (Estado Español) más de dos millones de euros, o más de un millón de euros en acciones de sociedades españolas (es decir, invertir en el tejido empresarial español) o creando un negocio en España que creara puestos de trabajo.
España, a diferencia de otros países, no concedía la nacionalidad por este tipo de inversiones, sino una “autorización de residencia” que desde mi punto de vista aportaba su granito de arena a crear riqueza en nuestro país.
Por el contrario su supresión, aparte de no aportar nada, puede hacer que ese porcentaje de inversión se derive a otros países de la Unión Europea. Para finalizar querría hacer una referencia a los ciudadanos del Reino Unido que residen en nuestro país desde hace décadas y que se ven con problemas para obtener una residencia legal en España (que antes no necesitaban) y que la fórmula de la norma que se va a derogar significaba una vía de legalizar su situación.
Antonio Caracuel.
Socio Caracuel Abogados.
