Hace casi 20 años se aprobó la Ley Concursal que fue más que un revulsivo al viejo sistema de quiebras y suspensiones de pago.
Sería estéril desperdiciar estas líneas refiriendo las carencias del procedimiento, el cual, pese a pretender salvar empresas, se ha demostrado inútil liquidándose el 98% de las que acceden al mismo.
Y lo dicho respecto a su inutilidad seguro que no le sorprenderá dado que la dureza de los años posteriores llevó a que se declararán cada año tal número de concursos que hacen difícil que Ud., empresario o profesional, no se haya relacionado con alguno aunque sea de forma tangencial.
Pues bien, olvídese de lo que sabía sobre el funcionamiento del concurso dado que hace algunas semanas se dio luz verde al Proyecto de Reforma de la Ley Concursal y, como en 2003, más que una reforma es un cambio de paradigma.
Las modificaciones propuestas son de calado (el nuevo concepto “probabilidad de insolvencia”, la primacía del experto y sus planes de reestructuración, etc.) pero, si una destaca, es en mi opinión el procedimiento especial de microempresas que pese a presentarse como “especial” está llamado a ser más común que el general dado que se estima que el 80% del tejido empresarial lo componen “microempresas”.
Su nota caracterizadora -dicen – es la simplificación procesal máxima. Nadie estaría en contra de algo así salvo por el hecho de que las obligaciones que pretenden imponerse a los intervinientes sin asistencia de profesionales resultan poco creíbles; el buen fin y dinamización del procedimiento se hace depender de una justicia sin medios y los intereses en juego de los acreedores (cobrar, fundamentalmente) y de terceros como proveedores, trabajadores, etc. pierden parte de su protección sin el nombramiento de un administrador concursal.
Ya veremos cómo queda el texto tras su tramitación parlamentaria, pero, en todo caso, aquí seguiremos los profesionales del sector trabajando para aquellos conscientes de la necesidad de recibir asesoramiento especializado ante el riesgo de insolvencia empresarial.
Pablo Domínguez Muñoz
Abogado. Área de Derecho de los Negocios Iuris Cátedra