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Martínez Echevarría alerta a los usuarios del alquiler vacacional para evitar ser estafados

El director General de Martínez Echevarría Abogados, Vicente Morató, ha explicado que el alquiler vacacional "es una forma fácil de disfrutar de una propiedad en vacaciones por un módico precio, siempre y cuando las partes actúen con transparencia".
04/09/2017

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Martínez Echevarría alerta a los usuarios del alquiler vacacional para evitar ser estafados

E.P. En Andalucía, según los últimos estudios, las viviendas y apartamentos ofertados para uso de alquiler vacacional son unas 235.000; de los que unas 9.000 viviendas habrían iniciado ya los procesos para obtener las licencias correspondientes. Por ello, desde Martínez-Echevarría Abogados han señalado que se han abierto ya unos 320 expedientes sancionadores por ciertas irregularidades y para realizar un seguimiento de cada caso, dispone de un gabinete para estudiar cada expediente.

El director General de Martínez Echevarría Abogados, Vicente Morató, ha explicado que el alquiler vacacional "es una forma fácil de disfrutar de una propiedad en vacaciones por un módico precio, siempre y cuando las partes actúen con transparencia y se tomen ciertas precauciones durante el proceso de reserva y disfrute del alojamiento", aunque ha lamentado que "son demasiado habituales las estafas relacionadas con este tipo de productos".

Así, con este tipo de arrendamiento se accede al disfrute de una propiedad, durante un tiempo determinado. A la hora de reservar un alojamiento hay que confirmar que existe y comprobar cuál es la situación del mismo. Por ello, es aconsejable que esté anunciada por canales oficiales y homologados, y que tengan algún tipo de servicio de atención al cliente.

También antes de la reserva, han explicado a través de un comunicado, es recomendable obtener la máxima información sobre la existencia y localización del alojamiento, la gestión del mismo, así como confirmar los gastos que conlleva el mantenimiento, evitando de este modo ser víctima de engaño, ya que en algunas ocasiones lo ofertado y contratado no coincide.

El arrendatario puede llegar a encontrarse con una residencia que no se corresponde en nada con la reservada, o con tener que hacer frente a una serie de gastos de mantenimiento o fianzas que no fueron detallados en el contrato o, incluso, que en el periodo reservado la vivienda esté ocupada por otro propietario.

LEGISLACIÓN 

La legislación vigente sobre esta materia es clara y contundente. Las viviendas y alojamientos deben estar en suelo residencial, contar con el certificado correspondiente de habitabilidad y, como ya se ha mencionado, contar con un anuncio que cuente con la garantía y verificación de algún canal legítimo, como agencias de viajes homologadas, portales de Internet especializados, etcétera.

Por ello, han señalado que es bueno contar con la mediación de algún tipo de Servicio de Atención al Cliente para evitar conflictos. Y si aún así surgen problemas, con posterioridad a la reserva y al disfrute del alojamiento, hay que tener cautela con las estafas.

En este sentido, han añadido que si se observa que las condiciones contratadas no corresponden con la realidad, se pueden iniciar acciones legales, recopilando pruebas como fotografías o vídeos del inmueble, o los justificantes de la reserva y, en el campo del Derecho Civil, plantear un proceso para recuperar el dinero desembolsado.

 

 En Andalucía, según los últimos estudios, las viviendas y apartamentos ofertados para uso de alquiler vacacional son unas 235.000; de los que unas 9.000 viviendas habrían iniciado ya los procesos para obtener las licencias correspondientes. Por ello, desde Martínez-Echevarría Abogados han señalado que se han abierto ya unos 320 expedientes sancionadores por ciertas irregularidades y para realizar un seguimiento de cada caso, dispone de un gabinete para estudiar cada expediente.

El director General de Martínez Echevarría Abogados, Vicente Morató, ha explicado que el alquiler vacacional "es una forma fácil de disfrutar de una propiedad en vacaciones por un módico precio, siempre y cuando las partes actúen con transparencia y se tomen ciertas precauciones durante el proceso de reserva y disfrute del alojamiento", aunque ha lamentado que "son demasiado habituales las estafas relacionadas con este tipo de productos".

Así, con este tipo de arrendamiento se accede al disfrute de una propiedad, durante un tiempo determinado. A la hora de reservar un alojamiento hay que confirmar que existe y comprobar cuál es la situación del mismo. Por ello, es aconsejable que esté anunciada por canales oficiales y homologados, y que tengan algún tipo de servicio de atención al cliente.

También antes de la reserva, han explicado a través de un comunicado, es recomendable obtener la máxima información sobre la existencia y localización del alojamiento, la gestión del mismo, así como confirmar los gastos que conlleva el mantenimiento, evitando de este modo ser víctima de engaño, ya que en algunas ocasiones lo ofertado y contratado no coincide.

El arrendatario puede llegar a encontrarse con una residencia que no se corresponde en nada con la reservada, o con tener que hacer frente a una serie de gastos de mantenimiento o fianzas que no fueron detallados en el contrato o, incluso, que en el periodo reservado la vivienda esté ocupada por otro propietario.

LEGISLACIÓN

La legislación vigente sobre esta materia es clara y contundente. Las viviendas y alojamientos deben estar en suelo residencial, contar con el certificado correspondiente de habitabilidad y, como ya se ha mencionado, contar con un anuncio que cuente con la garantía y verificación de algún canal legítimo, como agencias de viajes homologadas, portales de Internet especializados, etcétera.

Por ello, han señalado que es bueno contar con la mediación de algún tipo de Servicio de Atención al Cliente para evitar conflictos. Y si aún así surgen problemas, con posterioridad a la reserva y al disfrute del alojamiento, hay que tener cautela con las estafas.

En este sentido, han añadido que si se observa que las condiciones contratadas no corresponden con la realidad, se pueden iniciar acciones legales, recopilando pruebas como fotografías o vídeos del inmueble, o los justificantes de la reserva y, en el campo del Derecho Civil, plantear un proceso para recuperar el dinero desembolsado.


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