Nieves Padilla

Cambio de manos

27/02/2012

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Nieves Padilla

Aunque no lo parezca, unos de los mayores retos que se plantea cualquier empresario a lo largo de su carrera es el de la sucesión empresarial, pero suele ser el menos planificado.

La diversidad de circunstancias familiares y empresariales hacen que, en este sentido, cada entidad sea única y necesite una intervención especialmente dirigida a ahorrar impuestos y a planificar cómo queremos que esto se haga exactamente.

El protocolo familiar evita muchísimos dolores de cabeza, puesto que no hay mejor medicina preventiva que la de dejar por escrito cómo cada uno debe comportarse y a qué tiene que atenerse, ya que la experiencia nos dice que estas medidas ayudan a que todos los miembros de la familia interioricen este acuerdo como “ley familiar”, evitando eternas discusiones entre hermanos, primos, cónyuges...

Pero, al margen de esto es muy importante también protegerse de los extraños, sobre todo cuando este tercero se llama “impuesto”. La práctica nos enseña que las cargas fiscales, a menudo, dificultan la transmisión familiar, en especial en los supuestos de PYMES. Desde luego no es lo mismo, en términos económicos, que se lleve a cabo mediante el diseño y gestión de un plan personalizado rentable y legal, que dejarlo a la aplicación de la norma general.

La intención del legislador es facilitar la transmisión de empresas de padres a hijos y favorecer la continuidad del negocio y, por eso, existen en nuestra actual legislación una serie de “ventajas” que son aplicables siempre que se cumplan los requisitos que prevé dicha normativa.
En la práctica se recurre mucho a la trasmisión de los bienes en vida del dueño y, en ocasiones, incluso a través de negocios de dudosa legitimidad como ventas inferiores a valor de mercado, que descapitalizan la empresa y nos pueden traer problemas de prueba con la Agencia Tributaria correspondiente. 

Pagar, se pagar, pero bastante menos: Es INTERESANTE saber que si la transmisión se hace gratuitamente a favor del cónyuge o descendientes se aplicará una reducción del 95% de valor del patrimonio empresarial siempre que quien transmite (v.g.: el padre), sea mayor de 65 años, deje de ejercer funciones de dirección y de cobrar por ello y quien recibe, mantenga lo adquirido durante los 10 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación. En la Comunidad de Andalucía sólo se exigen 5 años de mantenimiento.

En la sucesión mortis causa hay que estar aun más prevenido, puesto que una vez que se produce no se pueden hacer cambios de última hora, estamos ante un hecho consumado del que nace una deuda tributaria imposible de modificar.

Para aplicar esa reducción del 95%, al menos el 50% de los rendimientos del titular del negocio –que ahora fallece-, deben provenir de esta empresa. Si no es así, hagamos modificaciones en la empresa para que esto se cumpla.

Y además el mantenimiento temporal del negocio se exige a los HEREDEROS como grupo; no se pierde el derecho si unos coherederos lo transmiten a otros.

En empresas donde es obligatorio tener un título profesional especial para dirigir el negocio (farmacia, abogados…) y ninguno de los herederos lo tiene, se podría llegar a acuerdos de gestión con terceros que permitan el mantenimiento del patrimonio empresarial-familiar, con promesa de venta futura.
También es preciso observar las distintas normativas autonómicas ya que este impuesto varía muchísimo entre comunidades y la ley que rige la sucesión es la del domicilio del causante. Pero, eso sí, habrá que demostrar la residencia en otra comunidad durante al menos 5 años consecutivos y previos al fallecimiento.

En conclusión, en este asunto, anticiparse es más barato y menos arriesgado.

 

Nieves Padilla es Abogada, Directora del Area Mercantil y Tributaria de ITEA


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